Los jueces de Instrucción de Alicante han ordenado a Aduanas que deje de intervenir de forma indiscriminada los objetos electrónicos que intentan embarcar en el ferry a Orán los argelinos que se disponen a pasar las vacaciones en su país. La Guardia Civil del Puerto ha requisado en el último mes decenas de teléfonos móviles, ordenadores y videoconsolas porque sus dueños carecían del recibo. Los agentes están actuando a pesar de que las piezas intervenidas no están registradas en la base de datos de objetos sustraídos. Los magistrados están molestos con la actuación de la Guardia Civil del Puerto ya que convierte en supuestos delincuentes a todos los magrebíes que viajan con mercancía La Sección Fiscal del Puerto de la Guardia Civil está remitiendo los efectos intervenidos y los atestados al Palacio de Justicia para que los jueces abran diligencias por un supuesto delito de receptación. Los jueces están archivando los procedimientos e instando a la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal de la Guardia Civil a que «realicen las gestiones oportunas para la efectiva devolución de los objetos intervenidos y en lo sucesivo se abstenga de efectuar este tipo de actuación carente de sospecha objetiva de delito alguno».
La Oficina de Análisis e Investigación Fiscal realiza las incautaciones al inspeccionar el equipaje de los pasajeros magrebíes que se disponen a embarcar en el ferry en la estación marítima del puerto de Alicante. La Guardia Civil justifica la actuaciones en que «no se aportan facturas ni se acredita su lícita procedencia por lo que se sospecha que pudiera tratarse de efectos supuestamente sustraídos - los objetos - registrados en la misma». Los jueces están recibiendo una media de cinco atestados al día. Todos, según fuentes del Palacio de Justicia, son archivados de forma inmediata. Fuentes portuarias admitieron que algunos agentes «están actuando con exceso de celo. Puede que algún pasajero viaje con objetos sustraídos, pero la mayoría actúan de buena fe. Muchos argelinos compran objetos electrónicos de segunda mano para comerciar en su país. Los agentes se tienen que ajustar al Estado de Derecho y no pueden actuar por leves sospechas».
Fuente : Diario Información (Edición Digital) Alicante, 15-08-2007
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