jueves, 14 de marzo de 2019

O ME DEJAS SER "GUARRO" O VAS A PRISIÓN

 
Una madre ha sido condenada a dos meses de prisión y a la prohibición de aproximarse a su hijo de 10 años durante seis meses por haberle dado "un par de bofetadas" al niño cuando éste se negó a ducharse.
El fallo de la Audiencia de Pontevedra confirma la sentencia emitida el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra, que fue recurrida por la mujer alegando que su actuación "debe entenderse amparada dentro de su derecho de corrección".
Los magistrados de la Audiencia, sin embargo, ratificaron que el comportamiento de la madre del menor es constitutivo de un delito de maltrato en el ámbito de violencia doméstica.
Consideran probado que, en la noche del 20 de mayo de 2018, la mujer, que convivía con su hijo de 10 años, le pidió que se duchase.
El niño se negó y ambos empezaron una discusión verbal que la madre terminó "dándole un par de bofetadas al menor".
Las bofetadas le causaron eritemas en ambas mejillas y el niño recibió atención médica justo después, si bien no necesitó tratamiento médico posterior.
Esta reciente sentencia explica que la facultad que asiste a los padres para poder corregir a sus hijos, en cualquier caso, queda integrada dentro del conjunto de derechos y obligaciones que surgen de la patria potestad, y solo puede concebirse orientada al beneficio de los hijos y encaminada a lograr su formación integral.
Además, el tribunal recuerda que esta patria potestad tiene como "límite infranqueable" la integridad física y moral de los hijos.
"La reprensión ante una eventual desobediencia del menor nunca puede justificar el uso de la violencia que ejerció, ni admite, bajo ninguna óptica, considerar esa actuación orientada a su beneficio", recoge el fallo judicial, que rechaza el recurso de apelación presentado por la madre y confirma la sentencia previa.
La pena de prisión, en todo caso, podrá ser sustituida por el mismo tiempo de trabajos en beneficio de la comunidad.
La mujer no podrá aproximarse a su hijo a menos de 200 metros durante medio año y se le prohíbe, además, la tenencia y porte de armas durante seis meses.??????????.....
Lo que no dice la sentencia es que tiene que ver con el derecho a portar armas por parte de la madre.....ni tampoco sobre el derecho del menor a oler mal.
Fuente : Diario El Mundo Edición digital 14.3.2019
 
 
 

domingo, 18 de noviembre de 2018

TENGO QUE HUIR DE LAS HOGUERAS......QUIERO QUE ME INDEMNICES

No sé si prosperará o servirá para algo o quizás cree un precedente pero por fin alguien da un paso decisivo y reclama su derecho a no tener que soportar el ruido y las molestias producidas por las fiestas de Hogueras en Alicante. Es, quizás, el principio del triunfo del derecho individual a la intimidad y, porqué no, la propia integridad física, frente al presunto "interés público de la Festa".
La presidenta y el secretario de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional reclaman al Ayuntamiento de Alicante una indemnización por valor de 406 euros como «responsabilidad patrimonial» por los gastos del hotel al que «huyeron» durante las pasadas fiestas de Hogueras de este año 2018 para «evitar las molestias y los ruidos» que generó un racó situado cerca de su domicilio, en Gabriel Miró. El matrimonio formado por estas personas, que reside en una calle paralela a la céntrica plaza, estuvo alojado en un establecimiento hotelero de Mojácar (Almería) entre el 21 y el 25 de junio de 2018, según figura en la documentación que se registró en el Ayuntamiento de Alicante.
Entre los documentos remitidos al gobierno local para reclamar el pago de la indemnización figura una factura del hotel Marina Playa (de cuatro estrellas), en la que se incluye que el régimen fue de pensión completa, que según la web del hotel supone desayuno, comida y cena tipo buffet, con las bebidas no incluidas en el precio.

En la explicación de los hechos que consta en el Ayuntamiento, los representantes vecinales del Centro Tradicional, muy críticos en los últimos años con el tema de las molestias ciudadanas en Hogueras, veladores, el tardeo y los locales de ocio, explican que en las pasadas fiestas se produjo en su entorno una «contaminación acústica superior a la de años anteriores», que llegan a cifrar en 90 decibelios, recurriendo a los sonómetros instalados por el Ayuntamiento y cuyos datos son públicos. Los reclamantes destacan que, dado que su vivienda familiar «se encuentra a unos 50 metros escasos de la Plaza Gabriel Miró» y tras la «actividad nocturna del racó el día 20 de junio» y «ante la falta de presencia de la Policía Local», se vieron «obligados a huir» para «ponerse a salvo», alegando que los «desmanes» afectaron a su «integridad física», hablando del «ruido de los altavoces», además de los cañones de fuego y las luces láser. La pareja optó, entonces, por alojarse en un hotel situado a unos 250 kilómetros de la capital alicantina (en Mojácar) durante las restantes cuatro noches de las fiestas de Hogueras (con entrada al hotel el día 21 y salida el 25 de junio), lo que supuso un gasto, incluida pensión completa, de 406 euros, que ahora reclaman al Ayuntamiento de Alicante. (Obsérvese que sólo reclaman por el importe de los gastos de hotel no por el largo desplazamiento hasta la provincia de Almería pero si quisieron alejarse lo más posible).
La reclamación interpuesta por la pareja se basa en un apartado de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que señala que «los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley». También invocan sus legítimos derechos constitucionales.

En el documento registrado en el Ayuntamiento, la presidenta de la asociación vecinal y su marido subrayan que la reclamación al Ayuntamiento del pago de una indemnización de 406 euros es «previa a la vía judicial», en alusión a la posible interposición de una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Fuente : Diario Información (Edición digital) 18 de noviembre de 2018

 

jueves, 20 de septiembre de 2018

CUIDADO.....SI ME ROZAS ESO ES ABUSO



El Tribunal Supremo ha establecido que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con propósito de obtener una satisfacción sexual supone un delito de abuso y no de coacciones leves sin perjuicio de que su mayor o menor gravedad tenga reflejo en la correspondiente pena. Se trata de hechos que se abordaban como vejación antes de que las faltas desaparecieran de nuestro ordenamiento jurídico
En una sentencia el alto tribunal considera que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual que está castigado con pena de prisión de seis meses a dos años y no de coacciones leves que prevé de tres meses a dos años de cárcel.
La Sala recuerda que el tipo penal del abuso sexual exige como requisitos un elemento objetivo de contacto corporal, tocamiento impúdico o cualquier otra exteriorización o materialización con significación sexual.
Los magistrados explican que "este contacto corporal puede ser ejecutado directamente por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo o puede ser ordenado por el primero para que el sujeto pasivo lo realice sobre su propio cuerpo siempre que el mismo sea impuesto".
Añaden que "requiere también un elemento subjetivo que se refiere al ánimo o propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro".
Para la Sala si concurren estos requisitos "aun cuando el hecho hubiera sido momentáneo sería delito de abuso sexual del artículo 181 del Código Penal y no de coacciones castigado en el 172.3".
El tribunal fija este criterio en una sentencia en la que desestima el recurso de una mujer contra la dictada por la Audiencia de Córdoba que confirmó la absolución de un hombre acusado de abuso sexual y aclara que en este caso no aplica la nueva doctrina debido a que los hechos probados no expresan con la suficiente claridad los datos fácticos precisos para concluir la existencia de dicho delito.
Los hechos ocurrieron en un bar de Villanueva (Córdoba) en agosto de 2015 cuando el acusado rozó momentáneamente en la zona del pecho y de la cintura a la recurrente al tratar de coger las llaves del aseo de mujeres después de haberla seguido hasta allí e intentar entrar dentro con ella.
El Supremo indica que los hechos probados son "insuficientes para fundamentar una condena por este delito puesto que no recogen ni la naturaleza sexual del comportamiento ni el requisito subjetivo que exige el abuso.
Fuente : Diario Información  Alicante (Edición digital 20.9.2018)

domingo, 16 de septiembre de 2018

TRABAJAR DESPUES DE LA JUBILACION COMO GERENTE DE LA PROPIA EMPRESA

El juzgado de lo social número 3 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que le reconoce a un autónomo asturiano el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa.
Este derecho se le reconocía, desde la reforma de la ley en septiembre del pasado año 2017, a los trabajadores autónomos que mantuvieran, al menos, a un trabajador en nómina. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solía interponerse una problemática recurrente, y es que dicho trabajador o trabajadores debían estar contratados a nombre del autónomo y no de una sociedad.
Lo que ha ocurrido es que, una vez que el demandante llegó a la edad para exigir una pensión por jubilación, el INSS le denegó la prestación por no tener trabajadores contratados a su nombre.
Después de un primer recurso presentado en la vía administrativa, la resolución  emitida desde la Seguridad Social sólo le reconoció una pensión de jubilación del 50% mientras fuera compatibilizada con el trabajo de gerente en su propia empresa.
La sentencia del juzgado ovetense, que no es firme y puede ser recurrida ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, afirma por el contrario que la interpretación hecha por el INSS es "contraria a la finalidad legislativa misma de la ley, además de no ser resultante del tenor literal de la norma".
Por todo ello la jueza ha decidido declarar el derecho a percibir pensión de jubilación activa en cuantía que asciende al 100% de su base reguladora mensual. Además, se considerarán las revalorizaciones de legal aplicación, así como condena al INSS al abono de dicha pensión junto con los atrasos correspondientes.

Fuente : Diario Expansión (Edición digital 20.7.2018)

jueves, 6 de septiembre de 2018

El accidente de la mariscadora autónoma

                                            
La sala de lo social del Tribunal Supremo ha estimado que el traslado del producto a la lomja por parte de los mariscadores forma parte de la actividad profesional propiamente dicha, y no es una actividad complementaria e instrumental, como pretendía el Instituto Social de la Marina.
El tribunal desestima el recurso de casación que interpuso, para unificación de doctrina, el Instituto social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social contra una sentencia del TSJ de Galicia de 30 de enero de 2017, que reconoció como accidente laboral el sufrido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) por una mariscadora autónoma gallega, cuando trasladaba el marisco desde la playa de O Terrón a la lonja de Vilanova para su comercialización, según informa el propio Supremo.
La trabajadora circulaba en un vehículo de la Cofradía de Mariscadores -conducido por la patrona mayor de la Cofradía-, siguiendo un turno establecido entre los cofrades, para trasladar, supervisar y controlar el marisco que se depositaba en la Lonja para su comercialización. Por el accidente causó baja laboral durante cuatro meses, con diagnóstico de cervicalgia.
La Administración, en su recurso de casación, rechazaba que el accidente pudiese calificarse como de trabajo, ya que ocurrió durante una actividad instrumental o complementaria como, según su criterio, era el traslado del marisco a la lonja. Para ello, presentaba como sentencia de contraste el caso de un patrón de una embarcación , también en el régimen de autónomos, que fue atropellado cuando se dirigía a un establecimiento para comprar una pieza de su barco. El tribunal de Asturias que analizó la demanda del patrón concluyó que no se trataba de accidente de trabajo.
Después de analizar los dos casos, la Sala de lo Social concluye que en el supuesto de la mariscadora, sí existe una vinculación entre la "actividad extractiva" del marisco y su posterior comercialización, al objeto de garantizar "la trazabilidad del producto desde su extracción hasta la venta en lonja". Para el tribunal resulta meridianamente claro  que "el traslado del marisco a la lonja, garantizando aquella obligatoria trazabilidad que consintiese su reglamentaria comercialización" formaba parte de la actividad productiva que como mariscadora correspondía a la demandante, de forma que el accidente de tráfico sufrido en tales circunstancias comportaba el declararlo accidente de trabajo, en tanto que desencadenado "como consecuencia directa e inmediata del trabajo" y "durante el tiempo y en el lugar del trabajo".
Respecto a la sentencia de contraste, la Sala distingue entre el accidente sufrido por el patrón, cuando desarrollaba "una actividad complementaria o instrumental" (la de reparar una avería en la embarcación) y la actividad en la que se produjo el accidente de la mariscadora, que era la de garantizar la obligatoria trazabilidad del producto para su comercialización, por lo que ambos casos no se pueden equiparar porque no concurre la identidad sustancial que exige el juicio de contradicción.


Fuente : Diario Expansión Edición digital 31.7.2018

jueves, 21 de diciembre de 2017

¿Cambia la UE de criterio sobre la discriminación entre contratos de trabajo temporales e indefinidos?


La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Juliane Kokott considera que es compatible con la legislación comunitaria que un trabajador temporal en España reciba al concluir su contrato una indemnización menor que en el caso de despido de otro temporal o de un empleado fijo, o que no reciba ninguna (el caso de los interinos). Así lo establece en sus conclusiones de dos casos que han planteado jueces españoles siguiendo la sentencia del TJUE del 14 de septiembre de 2016 que consideró discriminatorio el despido del temporal en España. A la espera de que el Tribunal de la UE se pronuncie de nuevo sobre el caso original, el de la funcionaria de Diego Porras, sobre el que el Tribunal Supremo ha planteado cuestión prejudicial, estas conclusiones de Kokott pueden marcar un cambio de tendencia de la Justicia de la UE sobre el despido del temporal. La opinión de la abogada general cuyo análisis no es vinculante pero suele seguirse en la mayoría de sentencias, se basa en que el término del contrato en la fecha estipulada no supone un elemento de sorpresa para el empleado temporal. Kokott sostiene que, si bien la pérdida del puesto de trabajo de un contrato de duración limitada es “un hecho enormemente desagradable, incluso dramático, que con frecuencia lleva aparejadas notables dificultades personales y sociales”, no supone “en modo alguno una sorpresa” en el caso de que el contrato llegue a su fecha de finalización. “El propio trabajador ha participado en el acuerdo contractual que, más tarde o más temprano, hace irremediablemente que su relación laboral finalice, aun cuando él quizá albergue la esperanza de que su empresario lo contrate con carácter indefinido en algún momento posterior”, añade la abogada general. La abogada general expone que si se pretendiese impedir a los Estados Miembros de la Unión Europea diseñar de forma diferenciada su legislación laboral en función de las diferencias y de los intereses señalados se estaría socavando la distinción entre contratos de trabajo de duración determinada y de duración indefinida. Esta distinción se corresponde con los valores del legislador de la Unión y de los interlocutores sociales europeos, con arreglo a los cuales el empleo de duración determinada no puede considerarse por sí mismo rechazable o, peor aún, ilegal, agregó la abogada general. Han preguntado al TJUE el Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid una cuestión en relación con un contrato de interinidad, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en otro caso que atañe a la figura del contrato de relevo contenida en el Estatuto de los Trabajadores.

 

FUENTE : Diario Expansión 21.12.2017

miércoles, 14 de diciembre de 2016

Y SIGUE SIENDO FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL

La Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra una sentencia que avalaba mantener la categoría de familia numerosa especial a una familia cuyo hijo mayor -de los cuatro que la conformaban- había cumplido 25 años. La sentencia estima la pretensión de la familia razonando que el artículo 6 de la Ley 40/2003 "es aplicable tanto a las familias numerosas generales como especiales" porque cuando expresa que "el título seguirá en vigor" se refiere "al inicialmente otorgado, que en el caso que nos ocupa era de la categoría especial". La familia acudió a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 20 de octubre de 2015 para renovar el título de familia numerosa, quien estimó su solicitud pero atribuyendo a la familia numerosa la clasificación de "categoría general". Constaba que la unidad familiar estaba compuesta por el recurrente, su cónyuge y cuatro hijos, pero uno de éstos había superado los 25 años de edad y, por tanto, perdía su condición de beneficiario, teniendo reconocido el hijo menor un grado de discapacidad superior al 33%. Según se recoge en la sentencia, "el ahora recurrente formuló recurso de alzada para que se mantuviese la "categoría especial" del título de familia numerosa de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que en su punto 2 modificó el art. 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas". Dicho precepto establece tras su modificación que "el título de familia numerosa deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa", disponiendo en su párrafo segundo que "el título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. No obstante, en estos casos la vigencia del título se entenderá exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no será aplicable a los hijos que ya no las cumplen". Para el TSJA, lo que la reforma de la Ley 26/2015, de 28 de julio, ha pretendido, "según su Preámbulo, refiriéndose a la pérdida del "derecho al título" como pérdida de la condición real de familia numerosa, es el "mantenimiento de los efectos del título oficial de familia numerosa" cuando los hermanos mayores van saliendo de él, con el fin de impedir así los perjuicios que de ello se derivan a los demás miembros de la unidad familiar, pues "los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al título luego no pueden disfrutar de estos beneficios". En este sentido, señala que cuando el artículo 6 se refiere después de la reforma legal a la vigencia del "título" aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del mismo sea inferior al establecido en el artículo 2, relativo al concepto de familia numerosa, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3 relativas, entre otras, a la edad y estado civil de los hijos, "dicha vigencia, nos inclinamos a considerar, no implica sólo el mantenimiento de la condición de familia numerosa sino también el de la categoría hasta entonces acreditada dado que el título se refiere tanto a la condición como a la categoría de la familia numerosa". Fuente : Abogadouniversal.com