lunes, 22 de febrero de 2021

DESPEDIDA POR HABLAR........PERO DEMASIADO

  

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ha considerado procedente el despido de una trabajadora de una asesoría fiscal por mantener de forma continuada durante su jornada laboral conversaciones telefónicas con una compañera que, a veces, superaban los 60 minutos.

En su sentencia, el tribunal avala el despido al entender que la empresa prohibía a sus trabajadores usar los medios profesionales para fines privados, algo que estos conocían, y también usar en horario de trabajo sus teléfonos particulares.

Una vez que la empresa inició una investigación, constató que en un periodo de 20 días laborables la trabajadora habló con su compañera por el teléfono fijo de la empresa durante 11 horas y 47 minutos, cruzando diariamente entre siete y ocho llamadas.

En seis días, la duración de cada llamada excedió de cincuenta minutos; en otro periodo de tiempo de 21 días, hablaron 14 horas y 45 minutos; 56 minutos el 31 de octubre, 69 minutos el 29 de octubre y 62 minutos el 28 de octubre.

Hasta el 21 de noviembre hablaron entre ellas en horario de trabajo durante 4 horas.

Asimismo, el tribunal considera lícitos los medios que empleó la empresa para acreditar los incumplimientos imputados a la trabajadora y que han motivado su despido, y cree que no atentan contra sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

Fuente : Diario El Mundo (Edición digital 22.2.2021)

jueves, 17 de diciembre de 2020

LA PÉRDIDA DE LOS ELECTRO CARDIOGRAMAS SUPONE EXIGIR UNA PRUEBA DIABÓLICA

  

El Tribunal Constitucional ampara el caso de un hombre de 45 años que el 7 de marzo de 2015 fue atendido en urgencias del centro de salud del municipio madrileño de Torrelodones con síntomas compatibles con un infarto que sufría desde la una de la tarde. Fue atendido sobre las 17:30 y se le hizo un primer electro y luego al menos otro de contraste.

Se le dejó en observación al considerar que se trataba de un arritmia. pero dos horas después empeoró y el médico de guardia llamó a una UVI que le trasladó al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde falleció días después como consecuencia del infarto que sufrió ese día. Tras su muerte, la familia pidió el resultado de esas pruebas pero las autoridades sanitarias le dijeron que las habían perdido.

Los familiares del paciente interpusieron demanda frente al SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) y el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid dictó sentencia desestimatoria sin pronunciarse sobre la cuestión principal del litigio, que era la desaparición de los electros para demostrar una mala atención.

A continuación interpusieron un incidente de nulidad de esa sentencia que también fue desestimado por el juez, lo que motivó el recurso ante el Constitucional al considerar los afectados que los electros habrían permitido saber cuándo comenzó el paciente con el infarto y el tiempo perdido hasta que se avisó a la UVI móvil, lo que ahora es corroborado por el Alto Tribunal.

El Constitucional precisa que la prueba principal del proceso estaba en poder de la administración sanitaria, que "venía obligada por ley a garantizar su custodia y posible reproducción", y se vulneró la tutela efectiva del paciente "al no aplicarle el principio de facilidad probatoria derivado de la pérdida de la historia clínica, lo que supone exigir una prueba diabólica".

Fuente : Diario Información (Edición digital de 17.12.2020)

miércoles, 11 de noviembre de 2020

EL CONFINAMIENTO Y LAS VACACIONES

 El Juzgado de lo Social número 1 de Melilla ha declarado que si las vacaciones del trabajador coinciden con un periodo de confinamiento, el afectado "debe conservar su derecho a disfrutar vacaciones en un tiempo posterior".

Esta sentencia se ha producido después de que una delegada de la federación de industria, construcción y agro de UGT (UGT-FICA) pusiera una denuncia contra una empresa de Melilla.

El fallo recoge la nulidad de las vacaciones aprobadas por la empresa hacia una de sus trabajadoras del 30 de marzo al 5 de abril de 2020 y declara que la empleada tiene derecho a disfrutar de su periodo vacacional correspondiente a este año del 9 al 15 de diciembre.

En los fundamentos de derecho, el juez apunta que el Estatuto de los Trabajadores recoge que el trabajador que inicia una situación de Incapacidad Temporal, antes o después del disfrute de su periodo vacacional, conserva su derecho a disfrutar sus vacaciones.

"Al verse afectada la trabajadora por una causa de fuerza mayor que condiciona de modo directo sus vacaciones, se considera por lo expuesto, ha de conservar su derecho a disfrutar las mismas", resalta la sentencia.

Para UGT, esta es una victoria judicial "muy importante". Asimismo, el sindicato ha resaltado que el confinamiento no son vacaciones y que este periodo de descanso "es un derecho irrenunciable, como protección de la salud y seguridad y como recuperación de la fatiga que provoca el trabajo y ahora también el confinamiento".

"El favorecimiento de las relaciones familiares y sociales fuera de la vivienda, el ocio, la restauración, los viajes, el turismo y/o el descanso debe ser donde uno decida sin obligación", ha dejado claro la organización sindical.

Fuente : Diario Información Edición digital 11.11.2020

jueves, 5 de noviembre de 2020

DE VACACIONES EN EL BAR.......DE SU MUJER

 Del 18 al 26 de septiembre de 2017. Estas fueron las fechas que pidió para disfrutar de unos días libres en el restaurante en el que ejercía como supervisor. Pero, lo que parecía que iban a ser unos simples días de vacaciones, se convirtió en una situación que acabó con una relación laboral de 14 años.

Las nueve jornadas que el responsable del restaurante eligió para, supuestamente, disfrutar de un descanso, coincidían con la celebración de una feria de la tapa en San Fernando (Cádiz).

Y durante este evento gastronómico, los dueños del restaurante donde trabajaba (El Fogón de Mariana), se lo encontraron sirviendo cervezas y ataviado con el uniforme de La Teja, empresa de la competencia en cuyo stand también estaba su mujer, administradora del negocio, junto a su cuñado.

Los responsables de El Fogón de Mariana ya estaban advertidos de que algo así podía pasar ya que, en la reunión entre hosteleros para preparar la feria de la tapa de la localidad gaditana, se lo encontraron representando a La Teja, firmando incluso en el acta de asistencia con su nombre como gerente del negocio.

Esto llevó a los dueños del restaurante a enviarle una carta el día 28 de septiembre de 2017, informándole de su despido disciplinario, medida que recurrió en los tribunales.

En primera instancia, la justicia estimó el recurso de Juan Antonio, que señaló que había pedido permiso para trabajar durante la feria de la tapa en el stand del local que, según alegó, era de su cuñado y no de su esposa. Unas vacaciones para echar una mano a un familiar.

Los tribunales comprobaron que el recurrente estuvo dado de alta en la Seguridad Social por La Teja los días que duraba la feria de la tapa. También, después de los interrogatorios, validaron la versión del excamarero de El Fogón de Mariana sobre el supuesto permiso que pidió para trabajar en vacaciones en otro bar y declararon como improcedente el despido, obligando a indemnizarlo económicamente.

No conformes con esta decisión, los responsables del restaurante gaditano recurrieron la sentencia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón.

Los magistrados señalaron que las explicaciones del supuesto permiso para trabajar durante la feria de la tapa en un negocio de la competencia no son válidas. Si no, el propietario de El Fogón de Mariana no se hubiera sorprendido tanto al encontrarle en la reunión previa para organizar la feria de la tapa.

Además, considera como agravante una publicación del propio demandado en Facebook, en la que animaba a la gente en su portal, vinculado al profesional, a acudir al stand de La Teja, del que la administradora, según consta en el Registro Mercantil, es su mujer.

Por otro lado, se consideró probado que el trabajador, que tenía acceso a la plataforma de gestión interna de El Fogón de Mariana, puso en contacto al informático que se lo instaló con su cuñado, encargado de La teja.

Así, en la sentencia, el TSJ de Andalucía recuerda que, aunque no está sancionado trabajar durante las vacaciones, sí que aprecia una situación de competencia desleal en la actitud del trabajador al pretender desviar la clientela, aprovechar los conocimientos adquiridos en la empresa en favor de la competencia. Además, realizó todo esto mientras seguía percibiendo el salario en el periodo vacacional.

Por tanto, los jueces confirmaron el despido disciplinario con pérdida del derecho a indemnización.

Fuente : Diario El Mundo edición digital 5.11.2020

viernes, 23 de octubre de 2020

IMPORTANTE SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE LA COTIZACIÓN EN JUBILACIÓN PARCIAL

 "La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina acerca de que los trabajadores jubilados parcialmente mediante contrato de relevo tienen derecho a que se les compute el 100% de cotización al pasar a jubilación completa y no sólo a que se les tenga en cuenta el porcentaje parcial efectivamente trabajado.


Esto significa que si un trabajador se jubila de forma parcial, con celebración simultánea de contrato de relevo, en la base reguladora de la pensión de jubilación deben computarse las cotizaciones del periodo de trabajo a tiempo parcial al 100%, es decir, como si durante ese periodo se hubiese trabajado a jornada completa.

En el supuesto ahora resuelto por el Tribunal Supremo, el interesado solicitó que se le elevaran las cotizaciones al 100%, frente al criterio de dos fallos previos emitidos por un juez de lo Social y por un Tribunal Superior de Justicia que abogaban por computar las cotizaciones realmente efectuadas sin incremento alguno.

El Supremo unifica doctrina estableciendo que, en estos casos, las cotizaciones correspondientes al periodo de trabajo a tiempo parcial han de incrementarse hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, es decir, como si hubiera trabajado a jornada completa.

Con ello, el Alto Tribunal confirma la solución avanzada anteriormente en otras resoluciones, frente al criterio aplicado por la Seguridad Social a la hora de aplicar la ley que regula la jubilación parcial.

La ley establece que para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al periodo de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde el trabajador redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100% de la cuantía que le hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho periodo, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo."

Fuente : Diario Información Edición digital 23.10.2020

jueves, 14 de marzo de 2019

O ME DEJAS SER "GUARRO" O VAS A PRISIÓN

 
Una madre ha sido condenada a dos meses de prisión y a la prohibición de aproximarse a su hijo de 10 años durante seis meses por haberle dado "un par de bofetadas" al niño cuando éste se negó a ducharse.
El fallo de la Audiencia de Pontevedra confirma la sentencia emitida el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra, que fue recurrida por la mujer alegando que su actuación "debe entenderse amparada dentro de su derecho de corrección".
Los magistrados de la Audiencia, sin embargo, ratificaron que el comportamiento de la madre del menor es constitutivo de un delito de maltrato en el ámbito de violencia doméstica.
Consideran probado que, en la noche del 20 de mayo de 2018, la mujer, que convivía con su hijo de 10 años, le pidió que se duchase.
El niño se negó y ambos empezaron una discusión verbal que la madre terminó "dándole un par de bofetadas al menor".
Las bofetadas le causaron eritemas en ambas mejillas y el niño recibió atención médica justo después, si bien no necesitó tratamiento médico posterior.
Esta reciente sentencia explica que la facultad que asiste a los padres para poder corregir a sus hijos, en cualquier caso, queda integrada dentro del conjunto de derechos y obligaciones que surgen de la patria potestad, y solo puede concebirse orientada al beneficio de los hijos y encaminada a lograr su formación integral.
Además, el tribunal recuerda que esta patria potestad tiene como "límite infranqueable" la integridad física y moral de los hijos.
"La reprensión ante una eventual desobediencia del menor nunca puede justificar el uso de la violencia que ejerció, ni admite, bajo ninguna óptica, considerar esa actuación orientada a su beneficio", recoge el fallo judicial, que rechaza el recurso de apelación presentado por la madre y confirma la sentencia previa.
La pena de prisión, en todo caso, podrá ser sustituida por el mismo tiempo de trabajos en beneficio de la comunidad.
La mujer no podrá aproximarse a su hijo a menos de 200 metros durante medio año y se le prohíbe, además, la tenencia y porte de armas durante seis meses.??????????.....
Lo que no dice la sentencia es que tiene que ver con el derecho a portar armas por parte de la madre.....ni tampoco sobre el derecho del menor a oler mal.
Fuente : Diario El Mundo Edición digital 14.3.2019
 
 
 

domingo, 18 de noviembre de 2018

TENGO QUE HUIR DE LAS HOGUERAS......QUIERO QUE ME INDEMNICES

No sé si prosperará o servirá para algo o quizás cree un precedente pero por fin alguien da un paso decisivo y reclama su derecho a no tener que soportar el ruido y las molestias producidas por las fiestas de Hogueras en Alicante. Es, quizás, el principio del triunfo del derecho individual a la intimidad y, porqué no, la propia integridad física, frente al presunto "interés público de la Festa".
La presidenta y el secretario de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional reclaman al Ayuntamiento de Alicante una indemnización por valor de 406 euros como «responsabilidad patrimonial» por los gastos del hotel al que «huyeron» durante las pasadas fiestas de Hogueras de este año 2018 para «evitar las molestias y los ruidos» que generó un racó situado cerca de su domicilio, en Gabriel Miró. El matrimonio formado por estas personas, que reside en una calle paralela a la céntrica plaza, estuvo alojado en un establecimiento hotelero de Mojácar (Almería) entre el 21 y el 25 de junio de 2018, según figura en la documentación que se registró en el Ayuntamiento de Alicante.
Entre los documentos remitidos al gobierno local para reclamar el pago de la indemnización figura una factura del hotel Marina Playa (de cuatro estrellas), en la que se incluye que el régimen fue de pensión completa, que según la web del hotel supone desayuno, comida y cena tipo buffet, con las bebidas no incluidas en el precio.

En la explicación de los hechos que consta en el Ayuntamiento, los representantes vecinales del Centro Tradicional, muy críticos en los últimos años con el tema de las molestias ciudadanas en Hogueras, veladores, el tardeo y los locales de ocio, explican que en las pasadas fiestas se produjo en su entorno una «contaminación acústica superior a la de años anteriores», que llegan a cifrar en 90 decibelios, recurriendo a los sonómetros instalados por el Ayuntamiento y cuyos datos son públicos. Los reclamantes destacan que, dado que su vivienda familiar «se encuentra a unos 50 metros escasos de la Plaza Gabriel Miró» y tras la «actividad nocturna del racó el día 20 de junio» y «ante la falta de presencia de la Policía Local», se vieron «obligados a huir» para «ponerse a salvo», alegando que los «desmanes» afectaron a su «integridad física», hablando del «ruido de los altavoces», además de los cañones de fuego y las luces láser. La pareja optó, entonces, por alojarse en un hotel situado a unos 250 kilómetros de la capital alicantina (en Mojácar) durante las restantes cuatro noches de las fiestas de Hogueras (con entrada al hotel el día 21 y salida el 25 de junio), lo que supuso un gasto, incluida pensión completa, de 406 euros, que ahora reclaman al Ayuntamiento de Alicante. (Obsérvese que sólo reclaman por el importe de los gastos de hotel no por el largo desplazamiento hasta la provincia de Almería pero si quisieron alejarse lo más posible).
La reclamación interpuesta por la pareja se basa en un apartado de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que señala que «los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley». También invocan sus legítimos derechos constitucionales.

En el documento registrado en el Ayuntamiento, la presidenta de la asociación vecinal y su marido subrayan que la reclamación al Ayuntamiento del pago de una indemnización de 406 euros es «previa a la vía judicial», en alusión a la posible interposición de una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Fuente : Diario Información (Edición digital) 18 de noviembre de 2018